COMUNICADO SOBRE LA RETIRADA DE NUESTRA PRESENCIA EN LA PUERTA DE LA SUCURSAL BBVA DE SAN MARTIN DE LA VEGA
Son casi cuatro meses ante las puertas de la sucursal BBVA, cuatro meses ante unas puertas cerradas, que definen a la perfección la
voluntad nula de la entidad a dialogar y alcanzar un acuerdo para no dejar a esta familia sin casa y con una deuda ilegítima a sus espaldas. Obligándoles a asumir toda la responsabilidad, a la parte más débil del contrato hipotecario, demostrando las “buenas prácticas” que la banca acostumbra.
Los culpables de la crisis y la estafa hipotecaria, tienen el descaro absoluto de seguir condenando a los ciudadanos, con la complicidad de los poderes públicos que:
- Han rescatado al sistema financiero, generando que las mayorías sociales soportemos brutales recortes que afectan a nuestros derechos más básicos, como es el derecho a la vivienda.
- Han obstaculizado una Iniciativa Legislativa Popular que contaba con el aval de 1.402.854 firmas, anulándola completamente y aprobando la ley de la vergüenza.
- Agudizándose en nuestro caso a nivel local, con una falta absoluta de interés además de demostrar una insultante ineptitud.
En esta semana, hemos recibido la confirmación de la posibilidad de seguir luchando judicialmente, tras la designación de justicia gratuita en todos los procedimientos iniciados. Aprovecharemos por tanto, cada vía legal que se presente.
Seguiremos luchando para conseguir la condonación de la deuda para nuestros vecinos, única solución aceptable -que ni siquiera se puede calificar de justa- una vez que el banco ya se ha adjudicado la vivienda, además de todo el dinero que ya habían cobrado durante años de pago del crédito hipotecario.
Pese que el BBVA nos ha reiterado, que debemos diferenciar la ley, de la justicia, tenemos la certeza de que la PAH seguirá luchando para reforzar verdaderamente hipotecarios”, como ha “la sido protección la de presentación los del deudores recurso de inconstitucionalidad a la Ley de la vergüenza 1/2013 de 14 de Mayo. Reclamando además al Tribunal Constitucional que paralice cualquier procedimiento judicial hasta resolver la inconstitucionalidad de esta Ley que vulnera los tratados firmados por este país sobre DD.HH.
Agradecemos el apoyo recibido de los innumerables vecinos que se han acercado durante estos meses.
La lucha continúa, ¡SÍ SE PUEDE!